e-ISNN: 2706-6053
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licencia Creative Commons SOCIALIUM revista científica de Ciencias Sociales, Vol. 5 - No. 1, enero - junio 2021, pág. 56-74.
DOI: https://doi.org/10.26490/uncp.sl.2021.5.1.752
Pandemia 2020 y el poder del Estado. Daños, impactos y
respuestas a zonas desprotegidas en escenarios devastadores
Pandemic 2020 and the power of the State. Damages, impacts and responses to
unprotected areas in devastating scenarios
Franklin Américo Canaza-Choque 1
Cómo citar
Canaza-Choque, F. A. (2021). Pandemia 2020 y el poder del Estado. Daños, impactos y respuestas a zonas desprotegidas en
escenarios devastadores. Socialium, 5(1), 56-74. https://doi.org/10.26490/uncp.sl.2021.5.1.752
RESUMEN
Dentro de un escenario de fuertes marcadores, este estudio pretende analizar de manera
breve el poder del Estado en un espacio regido por los impactos deliberados de la pandemia
COVID-19 y de la irrupción de modelos neoliberales en países de desarrollo intermedio en
América Latina y el Caribe. En ese propósito, se realizó un rastreo teórico y de análisis
documental en tres etapas nominativas: recolección de información y precisión de
conceptos, análisis e interpretación del contenido y, por último, la introducción de nuevos
elementos teórico-reflexivos. A partir de ahí, dos son la ideas finales. La primera, aterriza en
que la pandemia no ha hecho más que amplificar el impacto de premeditados males público-
globales, además de colapsar el sistema de salud y masificar la desintegración del bienestar
general y los niveles de estabilidad del orden regional. En tanto que, la segunda refiere que
ante un escenario debilitado por la aplicación de políticas neoliberales y del arrastre de
anteriores fracturas estructurales, la pandemia ha visibilizado la alta precariedad del Estado
y los límites de su poder. En conclusión, todo conduce a la fuerte necesidad de reparar,
reactivar y reforzar las políticas sociales y los poderes públicos . Esto es, el retorno del
Estado.
Palabras clave: COVID-19; Estado, pandemia; neoliberalismo; salud pública.
ABSTRACT
Within a scenario of strong markers, this study aims briefly analyze the power of the State
in a space governed by deliberate impacts COVID-19 pandemic and the irruption of
neoliberal models in intermediate development countries in Latin America and the
Caribbean. For this, purpose a theoretical-documentary analysis in three nominative stages:
collection of information and precision concepts, analysis and interpretation of content and,
finally, the introduction of new theoretical-reflective elements. From there, two are the final
ideas. The first, is that pandemic has only amplified the impact of premeditated public-global
ills, in addition to collapsing the health system and massively disintegrating the general
welfare and the levels stability of regional order. Meanwhile, the second refers that before
a weakened scenario due to the application of neoliberal policies and of dragging of previous
structural fractures, the pandemic has made visible the high precariousness of the State and
the limits of its power. The pandemic has made visible the high precariousness of the State
and the limits of its power. In conclusion, everything leads the strong need to repair,
reactivate and reinforce social policies and public powers. That is, the return of the State.
Keywords: COVID-19; State; pandemic; neoliberalism; public health.
1 Magister en Derecho Procesal
y Administración de Justicia,
Universidad Católica de
Santa María, Arequipa, Perú.
franklin.canaza@ucsm.edu.pe
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Arbitrado por pares ciegos
Recibido: 30/10/2020
Aceptado: 11/12/20
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Introducción
Debido a su magnitud, la pandemia por COVID-19 resulta ser una de las amenazas globales de mayor
impacto interseccional depresor e implosivo en todas las proporciones y estructuras de la sociedad
moderna. De manera que, el daño producido ha determinado, mientras dure su efecto, un proceso
de desglobalización (Alberro, 2020) que viene presionando enormemente la salud pública global, el
flujo regular del comercio mundial, la seguridad alimentaria (Fernández, 2020), el orden
internacional, social, político-jurídico y el interés actual de responder desde el Estado de manera
apropiada en territorios hostiles (Fuentes, 2020). En ese contexto, la alta incertidumbre que deja el
COVID-19 ha reformado disruptivamente la época y la dirección de los retos en el escenario post
pandémico.
Frente a la premisa anterior, diversos gobiernos han venido desarrollando diferentes modelos
nacionales y respuestas públicas mediatas para contener la emergencia sanitaria dentro del límite de
sus fronteras. Dichas estrategias y planes de preparación y respuesta extraordinaria se han
direccionado particularmente en reforzar los sistemas de salud pública, de financiar a un amplio
sector productivo y de emitir recursos económicos entre la población más vulnerable con el propósito
de amortiguar el impacto interno debido al estado de emergencia o de excepción por catástrofe
decretadas por los gobiernos de turno (Acosta, 2020).
Igualmente, en el marco de la inmovilización y las restricciones sociales, desde el sector educativo se
ha dado apertura a la modalidad de una educación a distancia con el objeto de no detener los
procesos formativos en los distintos niveles de enseñanza, además de garantizar, el regular
funcionamiento de las instituciones bancarias, grifos, farmacias, medios de comunicación y el
abastecimiento de alimentos de primera necesidad entre la población.
De igual manera, a estos esquemas de protección social y frente al escenario de mayor vulnerabilidad
socioeconómica. El primer impulso de los Estados fue promover la posibilidad de una cooperación
internacional o de perfilar una relación multilateral y sectorial que pudiesen fortalecer las réplicas
sanitarias y económicas frente al COVID-19. Pese a esto, un balance desarrollado por Naciones Unidas
(2020) alerta sobre las enormes contracciones desprendidas en medio de la pandemia en distintos
indicadores de desarrollo social y del previsible aumento de brechas existentes, conflictos sociales,
destrucción de empleos, discriminación, desigualdad, pobreza y violencia de género que, de modo
expresivo han tenido un impacto de daño diferido en intensidad, volumen y gravedad entre los
Estados poderosos y los frágiles.
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No obstante, el riesgo inminente y los efectos más devastadores de la pandemia son sentidos con
mucha mayor profundidad en los países subdesarrollados, emergentes (Ferreira y Peixoto, 2020) o
en regiones en donde aún anidan un inventario de barreras y problemas irresueltos a la fecha.
Paralelamente, a estas alturas, la pandemia no solamente ha quebrado los desiguales niveles de
estabilidad o de haber visibilizado más significativamente anteriores taras estructurales en la
sociedad, sino, la distancia y proximidad de su impacto han logrado desbordar todo el poder de
respuesta del Estado y de poner en riesgo y regresión la integridad de los objetivos mundiales de
desarrollo sostenible para 2030.
De esto se parte que, frente a la eventualidad de la pandemia del COVID-19, el Estado moderno se
ha visto expuesto a determinados daños e impactos globales que rebasan no solo los esfuerzos
fallidos y desastrosos, sino también, sus propias estructuras y del fracaso de una gobernanza básica
en estaciones adversas (Alberro, 2020). Del mismo modo, las fallas pasadas y presentes constituyen
ser marcadores poderosamente determinantes para configurar el mañana dentro de un contexto
neoliberal. Todo esto exige, más que antes, reposicionar el rol del Estado-Nación en medio de un
escenario altamente tenso y desafiante para su poder.
En esa línea, dentro de un escenario devastador y de zonas desprotegidas, este estudio pretende
analizar de manera breve el poder del Estado en un espacio regido y altamente fracturado por los
impactos deliberados de la pandemia COVID-19 y de la irrupción de modelos neoliberales en países
de desarrollo intermedio en América Latina y el Caribe.
Método
Dentro de la elevada consideración de mapear teóricamente los impactos de la pandemia y la
respuesta mitigadora de los Estados nacionales. Este artículo precisa tener un enfoque cualitativo-
interpretativo de investigación teórica o documental, la misma que tiene como base metodológica
tres momentos (Canaza-Choque, 2019a; 2019c; 2020a; 2020b; 2020c). En la primera fase se
encuentra la recolección y la búsqueda de la información, así como la selección de la misma y la
precisión de conceptos delimitados. La segunda parte, precisa tener criterios analíticos e
interpretativos sobre los diferentes documentos digitales tanto primarios como secundarios (Canaza-
Choque y Huanca-Arohuanca, 2019; Canaza-Choque, Supo, Ruelas y Yabar, 2020).
Por último, la tercera etapa refiere más allá del solo registro y recaude de datos analizados, pues, en
este periodo se introdujo, a partir de los resultados y la discusión, nuevos elementos teórico-
reflexivos que puedan dar apertura a diferentes estudios referidos a la materia en cuestión y de la
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órbita de los impactos del COVID-19 y la posición del Estado en medio de la emergencia sanitaria
global.
Resultado
El poder del Estado en escenarios devastadores
Días previos a que fuera declarada el 30 de enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una urgencia global de salud pública y de haber sido catalogada el 11 de marzo del
mismo año como pandemia (Villa, 2020) o mucho antes de que se identificara el pasado 31 de
diciembre de 2019 el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en Wuhan, China –epicentro inicial de uno de
los mayores desastres globales del siglo XXI– (Aker y Mıdık, 2020). El escenario pre-pandémico ya
incluía riesgos planetarios altamente devastadores, determinados e interdependientes a la etapa
globalizadora. Estos peligros incluían afectar no solamente la seguridad interna-externa de la
sociedad y el Estado de derecho, sino, indistintamente presionaban a niveles poco percibidos la zona
de resguardo y de estabilidad internacional de una manera que fuese inmedible.
En efecto, de eso trata básicamente el impacto masivo de la pobreza y la desigualdad extrema, de
enfermedades infecciosas, conflictos armados interestatales y de la proliferación de armas nucleares,
biológicas, químicas y radiológicas que, incorporado a otros existentes impactos que deterioran el
plano interno, el orden público y la política de defensa nacional y extraterritorial, son por ejemplo,
las expresiones desencadenadas por la irreversibilidad del cambio climático, el terrorismo global y la
delincuencia organizada transnacional (Avilés, 2005).
Toda esta amalgama de peligrosidad, de seguro puede no solo trazar un terrible panorama futuro de
riesgo permisible o de tener un impacto presente de daño indeterminado entre las estructuras poco
sólidas de la sociedad contemporánea y el Estado moderno (Bauman, 2008), sino que además, con
toda probabilidad, este poder del peligro puede ir más allá de la frontera nacional y de todo límite
que se imponga a su camino. Es un poder debido a su naturaleza con la capacidad de suprimir y minar
toda zona protegida, a la vez de forzar en extremo a la sociedad a procesos de empuje,
transformación y adapte sobre una deliberada riada de pretensiones destructoras (Beck, 1998).
En la misma dirección, esta tipología asimétrica de amenazas y riesgos globales pueden, según sea el
radio de impacto y la manera en que fuese percibida, infringir ilimitados daños estructurales, sociales,
políticos, económicos y ambientales de una manera distinta entre los países desarrollados y los que
se encuentran en desarrollo. De un lado, si bien el primero tiene la posibilidad de reducir
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considerablemente las radiografías de la desigualdad, los niveles de pobreza exacerbante, los
impactos negativos de la actividad económica en el medio ambiente, o de mantener bajo control la
transmisibilidad de enfermedades infecciosas poblacionales (Avilés, 2005).
El segundo, no corre con la misma suerte. Pues, la sola amplitud y el inevitable cruce de diferentes
problemas referidos a elevados índices de exclusión social, racismo, pobreza, deterioro ambiental y
de espacios económicos desposeídos, además de la reproducción de agudos conflictos de interés,
violencia, descontento social y de mantener débiles sistemas de salud, educación y prestación de
servicios públicos, han sido delimitadores de su regular desarrollo, aparte de estar en el plano de
abordaje de la política nacional por ser un fuerte condicionante decisivo para cada uno de estos
países en desarrollo (Döll, 2017).
De esto se puede presumir que, dada las características de sus trayectorias institucionales de
fortaleza o debilidad estatal, no queda la menor duda de que el efecto erosivo de la pandemia por
COVID-19 tendrá lugar en aquellos Estados en donde aún preexisten escenarios precarios y elevados
índices de vulnerabilidad multidimensional que determinan poderosamente los modos, el nivel, la
calidad y el estilo de las relaciones sociales, al tiempo de direccionar las decisiones, acciones y
reacciones estatales frente a la sociedad o de cualquier otro sector (Urteaga, 2017).
Del mismo modo, para Michael Mann (2007), la manera en que se pueda responder desde el Estado
a toda situación adversa o de cambio abrupto, dependerá ampliamente del poder infraestructural
que este posea. Es decir, el éxito o fracaso estatal de respuesta acertada obedece en plenitud a la
capacidad de penetrar en la sociedad civil, su territorio, dominar y controlarlo, además de
implementar logísticamente en ella sus principales funciones a través de sus distintas formas de
poder político e institucional.
De igual manera, para Migdal (2011), el fracaso del Estado no solo dependerá de sus deficiencias
reales, de sus funciones incompletas, de las políticas mal diseñadas o del insuficiente recurso para
predisponer su poder total y del completo dominio sobre su territorio; sino también, de la presencia
de fuerzas contrarias que buscan fijar e imponer sus intereses particulares en las funciones del
Estado, al tiempo de existir sociedades, partidos políticos, grandes sindicatos, medios de
comunicación, empresas colosales, autoridades y organizaciones fragmentadas, o, en permanente
disputa.
Puede entonces decirse que, esto explica de por qué el Estado puede tener una cierta dificultad en
poder trazar una ruta nacional cohesiva, de controlar, influir y transformar su espacio social,
territorial, político y económico de una manera que pueda responder a la tesitura actual.
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En esa línea, los atributos institucionales de legitimidad, autonomía y capacidad pueden un tanto
verse (Mazzuca, 2012) dañados desde adentro, y también, desde afuera. Pues, dentro de las lógicas
del capital y en la masiva expansión de políticas neoliberales y la desregularización de mercados
depredatorios, el desarrollo de poderes fácticos y la intromisión de instituciones globales en asuntos
internos de Estado, han terminado no solamente con los principios de la no injerencia y la
autodeterminación nacional (Cárdenas, 2017), sino que al mismo tiempo, la pérdida del control por
sobre los recursos estratégicos de base y la aparición de un poder superior al Estado con el derecho
a mandar y ser obedecido, supone la crisis de la soberanía total del Estado (Attili, 1999).
Desde esa visión del poder des-localizado, la complicidad transnacional implica. Por un lado,
condicionar desde sedes, actores, instituciones y agentes extranacionales el funcionamiento interno
de los Estados. Por otro lado, esta fuerza de dinámica externa no solo termina afectando el poder del
soberano o la centralidad de la misma como máximo proveedor, regulador, estabilizador y
redistribuidor social, sino que por el contrario, provoca el desmantelamiento del Estado del
bienestar, el despojo de recursos naturales y la fricción de los derechos constitucionales (Cárdenas,
2017).
En ese cuadro de dificultades y en un contexto en donde no todos los Estados son iguales y responden
en la misma medida a la contingencia a nivel nacional, regional y mundial, el nuevo escenario
pandémico ha demostrado sobre una base de procesos de prueba y error el alcance y la profundidad
de las diferencias del poder social, político y económico en diferentes países de América Latina y el
Caribe.
Pandemia, impactos y zonas desprotegidas
Tras el brote de un nuevo coronavirus (COVID-19) y de los primeros registros de infectados el pasado
31 de diciembre de 2019 en Wuhan (China), se había producido sin importar el factor demográfico,
económico y de ubicación una rápida dispersión de la enfermedad a niveles irrefrenables alrededor
del orbe. En esas densidades, llegado el 30 de enero del 2020, después de una cadena de debates,
notificaciones y una sesión informativa con los Estados miembros, la OMS pudo finalmente definir
que la propagación del COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional
(ESPII). Para entonces, cuando el Director General de la OMS declarara esto, la transmisión ya se
encontraba fuera de China continental (OMS, 2020).
Así, los primeros casos registrados en las Américas, tuvo lugar en los Estados Unidos, Canadá, seguido
de Brasil y posteriormente, después de que el gigante sudamericano prendiera las alarmas, toda la
región de América Latina y el Caribe sintieron los primeros remezones directos y reales de la
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pandemia del COVID-19 (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). En efecto, desde su
intensificación, la pandemia ha dejado una devastadora estela de impactos diferenciados que,
durante su estadía en la región han develado las serias limitaciones acumuladas y fallas estructurales
en países desarrollados y en desarrollo (Beteta, 2020).
No obstante, el demoledor efecto y la amenaza latente ha tenido un espacio detonante en países
marcados por fuertes deficiencias, extremas desigualdades e inequidades, débiles sistemas de
protección, elevados niveles de informalidad laboral y de indicadores económicos y sociales
decrecientes o ubicados por debajo de la media (Cabezas, 2020).
En ese sentido, de acuerdo a los reportes desprendidos por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL, 2020d), la rápida propagación del COVID-19 en la región de Latinoamérica
tuvo un evidente número de efectos negativos en el ámbito de la salud, el crecimiento económico y
el desarrollo social en un espacio definido por dilatadas desigualdades, de existentes mercados
laborales precarios y empleos informales, de tendencias graduales de pobreza y pobreza extrema y
de un fragmentado y disímil acceso a la educación y al sistema de salud .
En consecuencia, todo este caudal de fallas terminaron arrastrando a la mayoría de países de
medianos y bajos recursos a una zona de riesgo (Sánchez-Duque, Arce-Villalobos y Rodríguez-
Morales, 2020), al tiempo de enfrentarlos con temibles barreras pasadas y permanentes que los
convirtieron, más tarde, en el nuevo epicentro de la pandemia con más casos confirmados a nivel
global. Notificando así, más de un cuarto de los casos en el mundo desde que inició los primeros
registros el 26 de febrero de 2020 en São Paulo, Brasil (Gonzalez et al., 2020).
En ese contexto, las diversas medidas de cuarentena, aislamiento y distanciamiento social
emprendidas en marzo de 2020 por los gobiernos en la subregión han tenido, más allá de neutralizar
la rápida expansión del coronavirus, un poderoso impacto en la debilitada estructura institucional,
un fuerte refreno de actividades productoras internas, el quiebre de grandes industrias y de
pequeñas empresas, la contracción desmedida de mercados y la inversión privada, el aumento
masivo de desempleo, la reducción y pérdida de salarios e ingresos en familias, hogares y en personas
que trabajaban en actividades expuestas a la precariedad laboral, especialmente, de sectores
conformados por la fuerza de trabajo femenina que presentan al día de hoy, las mayores tasas de
desocupación laboral (CEPAL, 2020a).
De esta manera, para el cierre de 2020, las fuertes convulsiones en un panorama de protestas sociales
se traducirían en una histórica recesión del PBI per cápita regional del 9,9%, un retroceso que
implicaría diez años atrás. Dentro de esas radiaciones, igualmente la CEPAL (2020e) había previsto
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un registro aproximado de 44,1 millones de personas desocupadas y un incremento descomunal de
poco más de 45,4 millones y 28,5 millones de personas que pasarían a un estado de pobreza y
pobreza extrema, respectivamente.
En momentos como este, fuera de detener los efectos de la pandemia, los informes también
revelaron que más de 160 millones de estudiantes dejaron de tener clases presenciales (CEPAL,
2020f), donde tanto niñas, niños y adolescentes encontraron enormes barreras en continuar su
educación debido a la limitada provisión de dispositivos tecnológicos, al desigual acceso de
conectividad y de condiciones sociales, geográficas y económicas desfavorables para poder mantener
procesos educativos desde el hogar (Arriagada, 2020; Elgueta, 2020).
En la misma trayectoria, la enfermedad del COVID-19 puso de realce el deficiente gasto y la elevada
desigualdad de prestación en los servicios de salud (Kershenobich, 2020), la falta de acceso a la
protección social e inclusiva en la infancia, en personas mayores, mujeres, indígenas,
afrodescendientes, migrantes irregulares y de otros grupos etarios más vulnerables de la población
latinoamericana y caribeña (CEPAL, 2020c; Huenchuan, 2020).
De igual modo, estos patrones de impacto no cedieron, pues la dinámica tendía a reformar y debilitar
las cadenas de suministro, la seguridad alimentaria y el bienestar social de productores y trabajadores
agrícolas, consumidores de bajo ingreso y de familias rurales (Fernández, 2020) que se han visto con
la dificultad de cubrir los costos básicos de alimentación a causa del alza de precios locales, de la
suspensión de programas de alimentación escolar y de redes de protección social débiles (CEPAL,
2020b).
En tanto drama, los impactos asimismo profanarían los diferentes canales externos de transmisión,
más precisamente, en cinco puntos medulares que van desde una 1) reducida actividad económica
regional en el plano del comercio internacional; 2) del deterioro de los términos de intercambio y la
caída de los precios de productos primarios; así como 3) la interrupción en las cadenas globales de
valor y la disrupción de suministros; 4) la debilitada y menor demanda de servicios de turismo; y 5)
la aversión al riesgo de las condiciones financieras regionales (CEPAL, 2020a). Sin duda, con todos
estos efectos desgastadores, era imposible no ver los impactos negativos de la pandemia entre los
sectores de elevada fragilidad.
En esa pronunciación, los elementos ya mencionados pueden referir no solo la alta necesidad de
detener actualmente las desastrosas consecuencias generadas por la COVID-19, sino que además,
este panorama demanda reformular y reforzar como nunca antes el papel del Estado en el desarrollo
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de políticas públicas de empoderamiento social, o, en todo caso, de retomar el rol del Estado en
primer plano ante una catástrofe global de este tipo (Pastor, 2020).
Sin embargo, esta reformulación del Estado puede un tanto ser difícil por cuatro razones. Primero,
existe una clara notoriedad en las variaciones del poder del Estado, y es que básicamente, no todos
los Estados en América Latina y el Caribe estiman tener la capacidad necesaria de responder, detener
y superar la crisis de la pandemia por COVID-19 en la misma simetría. Paralelamente, un segundo
escenario dificultoso para el Estado de desarrollo intermedio o en desarrollo está directamente
asociado a los diferentes problemas internos y desafíos irresolutos que todavía orbitan y tocan su
agenda nacional.
En ese sentido, la tercera constricción, y del que particularmente, ningún Estado puede escapar o
estar aislado, es la afectación que provocan los distintos desórdenes climáticos y la amenaza
impropia de otros desastres causados por la crisis económica, los estallidos sociales, las guerras y los
conflictos bélicos, la destrucción de recursos, la desprotección de los derechos humanos, la afluencia
de incontrolables mareas migratorias y de otras drásticas amenazas y desestabilizadoras del orden
mundial que buscan fuertemente la reformar de diferentes ámbitos para su tratamiento.
Por último, un postremo y cuarto factor determinante que puede condicionar el retorno del poder
del Estado en el reinante escenario de la pandemia, está anexado principalmente en la manera en
que se ha configurado el actual regimiento geopolítico, la imperialización del capitalismo en el
terreno global, la adopción y aplicación extendida de las políticas de austeridad, así como la
determinación de la gobernanza neoliberal y las proyecciones de una etapa globalizadora que, no
solo agota y desestructura al Estado-Nación, sino que además, erosiona más extendidamente la
representación jurídica estatal, la estructura del contrato social y los pilares del bienestar general
(Canaza-Choque, 2019b).
Neoliberalismo y el retorno del poder público en tiempos de pandemia
Desde que la pandemia desplegó un impacto desproporcionado en los distintos países de desarrollo
intermedio. Hasta la fecha, desde la máxima representación nacional no se ha dejado de insistir en
diseñar inusuales medidas y planes políticos a corto plazo que puedan amortiguar y superar el daño
causado en los diferentes ámbitos del terreno médico, socioeconómico, educativo y de sectores
poblacionales tétricos. En ese sentido, una tarea inaplazable y sustantiva de primer orden para el
Estado es detener a nivel interno las desastrosas consecuencias en el enfrentamiento de la
enfermedad global. Todo ello, implica de todas maneras, reforzar el Estado, sus funciones, poderes
y de reunir cada órgano de administración pública en un mismo sentido médico-social: acabar con la
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pandemia del COVID-19 y de reestablecer el orden anterior a su propagación, pero esta vez, teniendo
en cuenta la novísima lección y modificación pospandémica.
No obstante, la labor del Estado torna ser un tanto complicada en medio del colapso de fuertes
cadenas de abastecimiento, de una reducción drástica del comercio internacional, del cierre y la
restricción de fronteras y de profundas contracciones en la globalización que, anexado a la suba de
decenas de millones de desempleados, economías informales, asentamientos marginales, endebles
estructuras financieras y el quiebre de innumerables empresas (Saad-Filho, 2020). Datan que los
efectos contraproducentes de la pandemia predestinaron al menos tres cosas.
Primero, el escenario condujo a una clara desintegración de la economía global dominante, y de
advertir en ella, largas décadas de falla y vacíos en el sistema hegemónico. El segundo, expuso que,
dentro de la fricción del momento y el estado de calamidad pública, tanto el Estado y la sociedad no
estaban preparados para una catástrofe pandémica de este volumen. El tercero, describe que en
medio de un escenario de profundas debilidades, diferencias y desposesiones del poder estatal, el
neoliberalismo ha debilitado mucho más la provisión de bienes y servicios públicos, al tiempo de
comprimir las políticas de resguardo social.
De esta forma, se tiene que la intromisión de la pandemia en la actual era no solamente ha
presionado anteriores fracturas sociales o de haber logrado reestructurar las dimensiones del poder
en los diferentes espacios, sino que además, los elementos referidos ponen de expreso la
importancia del rol del Estado en dos escenarios preponderantes. Por una parte, urge remozar los
programas sociales y las políticas de protección ante las frecuentes alarmas e inseguridades que
enfrentan las sociedades en los diferentes terrenos de la modernidad.
Por otra parte, interesa igualmente tratar al Estado en clave cosmopolita para que este sea capaz de
amplificar su comprensión de los desafíos transnacionales así como la de operar una gestión
cooperatoria entre las diversas agencias y naciones del planeta (Millán y Santander, 2020).
Respecto al primer escenario, los procesos de gentrificación (López, 2016) y la absorción de espacios
y bienes públicos, sumado a la tensificación espacial y la sobreexplotación de los recursos naturales
(Ostrom, 2000; Ávila y Jaloma, 2020); la exposición a la miseria, a eventos inseguros y a la
insostenibilidad del desarrollo económico (Ramos, 2009; Rappo y Vázquez, 2016); además de
mantener elevados índices de precariedad entre la población y el agrietamiento de sectores sociales
y la profundización de las desigualdades, la pobreza y la extrema pobreza; y del recorte
presupuestario y la privatización parcial de los sistemas de salud (Cendali, Lohigorry, Marzoaa, Quelle
y Villalba, 2020), educación y la prestación de servicios básicos estatales (Navarro, 2020); así como la
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depredación del trabajo y la desprotección de los derechos sociales (Guerra y Cercado, 2020), solo
tienen una explicación, y esa es justamente, la faceta espacial y el impacto nocivo del neoliberalismo
global.
En ese sentido, el despliegue privatizador y la profundización evolutiva de las políticas neoliberales
en los desemejantes modelos económicos nacionales ha implicado entre muchas otras cosas, una
evidente deficiencia estructural en la prestación de servicios de salud pública. En ese orden, la
reducción del Estado de bienestar y el daño causado al poder infraestructural ha llevado a que
numerosos países no se encuentren del todo preparados para paliar o mitigar el impacto de la crisis
viral (Rubio, 2020). Esto obedece, primordialmente, a que la instauración del neoliberalismo durante
los últimos años ha venido reduciendo la inversión gubernamental en los servicios de salud, además
de haber parcialmente privatizado los sistemas de salud pública en diversas regiones, al lapso de
haber creado entornos frágiles de atención médica y de altas condiciones de precariedad sanitaria
entre la población más vulnerable (Díaz, 2020).
Tales dificultades se hicieron notorias desde el momento en que la pandemia irrumpió todas las
posibilidades de respuesta sanitaria oportuna. Pues, el desarme consistió en el reflejado nivel de
atención desigual a los pacientes, la poca concentración de servicios primarios y de los altos procesos
de precarización, flexibilización laboral y la exposición deprimente de los profesionales de la salud
(Cendali et al., 2020), así como la insuficiencia de personal médico, brigadas y de pruebas
moleculares, y la irrisoria capacidad presupuestaria designada para este sector, la que al tiempo,
detonó una insuficiencia de equipos de protección y dispositivos respiratorios, además del
agotamiento de camas hospitalarias debido al rápido aumento de infectados por la enfermedad del
COVID-19 (Gouveia, Lopes, Conrado, Granja y Amorim, 2020).
Este panorama, desde luego, terminó revelando dos escenarios ya conocidos. Por un lado, el desastre
que iba provocando la pandemia en la débil atención primaria de salud pública era resultado de años
de aplicación de medidas y políticas neoliberales en el sector médico. Por otro lado, esta fragilidad
del sistema de salud pública tradicional y la imposibilidad de asegurar a la población una atención
eficiente y del derecho a la salud, resumían todos los aplazados retos y desaciertos del Estado en
haber creado un sistema de salud sólido, seguro y accesible de manera inclusiva para todas las
personas.
Es precisamente en ese contexto que, de acuerdo al filósofo Byung-Chul Han (2020), la
implementación excesiva del modelo neoliberal ha sido un escenario, en términos de derechos, del
colapso completo de la salud pública y del engrosamiento de la desigualdad entre los habitantes.
Dado que, de todas maneras, desde el punto en que se vea, el periodo pandémico ha permitido radiar
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y perfilar una nueva división de estructura social y de relaciones sociales en el que la letalidad del
virus se ha profundizado más en poblaciones de alta fragilidad (Butler, 2020). Provocando en este
último, una alerta represiva de que el miedo invade y se apodera de sus vidas. Notificándole de que
nada estará ahí para defender su espacio, pues los mayores impactos de la recesión económica, del
pánico, la pobreza y del hambre se entrelazan con el propósito de generar un daño desmedido en
ese sector demográfico desamparado.
De esta forma, en un tiempo y espacio doloroso del que impone la pandemia, la zona desprotegida
ha traído de nuevo a debate sobre la alta importancia de reforzar las políticas sociales y el retorno
del poder público para enfrentar no solamente situaciones extremas y sobrecargadas de peligros
como las que plantea esta enfermedad global (González, Martínez y Gulín-González, 2020); sino
también, de poder restaurar enterradas responsabilidad sociales de Estado, a la vez de reparar
anteriores fallas institucionales, históricas, sociales, económicas y políticas.
Aunque esto no bastará, será necesario el hecho de fortalecer una cooperación internacional en
áreas de la salud pública, para lograrlo, de todas maneras, habrá que revertir ineludiblemente los
procesos privatizadores y de poder rediseñar modelos alternos, económicos y sociales más
sostenibles, resilientes y colectivos.
Discusión
De todo lo mencionado hasta ahora, no extraña que el impacto nocivo del COVID-19 haya tenido un
mayor registro de daño en Estados con elevados índices de precariedad social, de servicios públicos
frágiles, de intervención neoliberal y, de estructuras débiles y en colapso (Urteaga, 2017; Cendali,
Lohigorry, Marzoaa, Quelle y Villalba, 2020), además de mantener una amplia lista de problemas
irresueltos dentro de su limitada frontera (Migdal, 2011; Cabezas, 2020) que han llegado en medio
de afanosas fallas estructurales (Beteta, 2020) por añadirse más fuertemente al estado de catástrofe
pública causada por la pandemia y de otros resistentes problemas globales.
De acuerdo a esa particularidad, este viene a ser el caso de la gran mayoría de países de América
Latina y el Caribe (Sánchez-Duque et al., 2020). Pues, mucho antes de que empezara la propagación
agresiva del coronavirus y del desenvolvimiento de medidas aplacadoras que pudiesen reducir la
contracción sobrevenida por la enfermedad. La región ya presentaba desde mucho antes de 2020,
fuertes estallidos sociales, tensiones migratorias, de previsibles colapsos económicos, de
institucionalidades frágiles e inestabilidades políticas (Malamud y Núñez, 2020); al tiempo de estar
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rodeado por un entorno de riesgos latentes y violentos impactos asociados de manera directa e
indirectamente al cambio climático que, no solo han reducido la fuerza del poder del Estado (Mann,
2007) o de limitar el desdoble de sus funciones en un escenario abrupto, sino que además, el terreno
de devaste, daños e impactos han desvelado fallidos intentos de respuesta frente a la pandemia del
COVID-19 (Alberro, 2020).
En ese cuadro, enfrentar durante y después a la pandemia no solamente requerirá de respuestas de
reparo, reactivación y reconstrucción multisectorial. Pues, dada la incidencia global, esta también
demandará recapitalizar las funciones elementales del Estado para que, en un eventual escenario de
este tipo, no pueda ocurrir el mismo desastre dos veces. De igual forma, más allá de fortalecer el
ámbito de integración y cooperación entre países, será ineludible a nivel interno desprender desde y
entre los planes pospandémicos y las políticas de salud, económicas, sociales y productivas una
poderosa articulación que pueda y permita proteger a la población de los efectos negativos de la
moderna tensión regional (CEPAL, 2020g).
Igualmente, una vez retenido y aplanado la curva de contagios, es poco probable proyectar con gran
certeza que los rezagos dejados por la pandemia del COVID-19 terminen o dejen de sentirse en las
diferentes esferas sociales. En ese sentido, la reparación de daños deberá subsanar anteriores fallas
estructurales, reformar y sostener los desafíos de manera inclusiva. De tal forma que, logrado esto,
pueda moldearse positivamente el Estado del bienestar.
Conclusión
Por último, este primer estudio arriba a dos ideas finales. La primera, fechas antes del estado de
alarma internacional y de las presiones a la salud pública global por la pandemia del COVID-19, el
terreno social premeditaba otros males público-globales que incluían fuertes impactos negativos en
las estructuras sociales y del Estado del bienestar. Dentro de ese mismo impacto, el tratamiento y la
respuesta mitigadora tenía una clara diferencia entre países desarrollados y los que se encontraban
en desarrollo.
De esta manera, aquellos Estados frágiles o con menor poder infraestructural sobre su territorio
serían considerablemente impactados por cualquiera de estas amenazas y riesgos globalizados.
Incluso, la combinación de todos estos peligros legitimados, han llegado a aumentar o amplificar el
daño en cual sea el sector o espacio de real dimensión. Adicionalmente, a este escenario agresivo, la
introducción de la pandemia no ha hecho más que agrandar el impacto, además de masificar la
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desintegración del bienestar general y los niveles de estabilidad del orden internacional. Poniendo
en riesgo y retroceso diferentes propósitos planetarios de sostenibilidad.
La segunda idea dispone que, la noción expansiva del modelo neoliberal en regiones altamente
débiles, suponen en todo sentido, infringir en las zonas de dominio nacional, que, consecuentemente
conducen, por una parte, dañar los diferentes sistemas de protección y resguardo social; y por otra,
buscan desplazar ingentes medidas y programas privatizadores en el espacio público. Debilitando de
esta manera, las funciones y el poder del Estado, además de intentar arrasar con la prestación de los
bienes y servicios básico-estatales como derecho fundamental, particularmente, el de la salud
pública.
De manera que, en un escenario debilitado por la aplicación de políticas neoliberales, la pandemia
ha visibilizado la alta precariedad del Estado y los límites de su poder y soberanía natural. En ese
sentido, todo esto conduce a la necesidad de reforzar las políticas sociales y los poderes públicos del
Estado, al tiempo de que el retorno permita reconstruir los estados del bienestar general y la
reparación de anteriores fallas sociales.
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Fuentes de financiamiento
Autofinanciado.
Conflictos de interés
El autor declara no tener conflicto de interés.
Correspondencia
franklin.canaza@ucsm.edu.pe
