Luisabel
Elvira Balvin Landeo[1]
RECIBIDO: JUNIO 13 2017
ACEPTADO: NOVIEMBRE 30 2017
Resumen
La presente investigación
tuvo como objetivo determinar la relación entre institucionalidad ambiental y
gestión de conflictos socioambientales en la región Junín: caso Morococha, así
como la relación entre principios de la gestión ambiental y demandas del
conflicto, Sistema Nacional de Gestión Ambiental y gestión del conflicto, y la
relación entre el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y participación
ciudadana. Se desarrolló una investigación aplicada, de nivel descriptivo
correlacional, con un diseño no experimental transversal y enfoque metodológico
mixto. Se aplicaron 20 cuestionarios a representantes de instituciones con
competencias en conflictos socioambientales y de asociaciones participantes en
la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento Poblacional de Morococha; las
técnicas empleadas fueron la observación participante y el análisis
documentario. Los resultados mostraron que la institucionalidad ambiental en el
Perú y sus implicancias a nivel regional y local no han permitido una adecuada
gestión del conflicto socioambiental en Morococha, lugar donde se desarrolla el
proyecto minero Toromocho; pues se encontró una correlación de 0.478, calificada
como positiva débil. Asimismo, se debe considerar que aproximadamente el 62.8 %
de conflictos sociales en el Perú son de tipo socioambiental, según reportes de
la Defensoría del Pueblo (marzo, 2019) y más de 10 años de gestión del
conflicto. En conclusión, se hace necesario el fortalecimiento de la
institucionalidad ambiental para una adecuada gestión y prevención de
conflictos socioambientales, en especial la práctica de la transectorialidad
como principio de la Política Nacional del Ambiente y un adecuado Sistema
Nacional de Gestión Ambiental.
Palabras clave: institucionalidad ambiental,
conflictos socioambientales
Abstract
This research’s
objective was to determine the relationship between environmental institutionality and socio-environmental conflict
management in the Junín region: Morococha case, as
well as the relationship between principles of environmental management and
conflict demands, the National System of Environmental Management and conflict
management, and the relationship between the National System of Evaluation and
Environmental Enforcement and citizen participation. It was developed an
applied research, at a descriptive-correlational level, with a non-experimental
transversal design and a mixed methodological approach. 20 questionnaires were
applied to representatives of institutions with competences in
socio-environmental conflicts and of associations participating in the Mesa de Diálogo para el Reasentamiento Poblacional de Morococha; the participant
observation and the documentary analysis were the techniques used. The results
showed that the environmental institutionality in Perú
and its implications at the regional and local levels have not allowed an
adequate management of the socio-environmental conflict in Morococha,
where the Toromocho mining project is being developed,
since a correlation of 0.478, rated as a weak positive one, was found. Also, it
must be considered that approximately 62.8 % of social conflicts in Peru
are of a socio-environmental nature, according to reports from the Defensoría del Pueblo (March 2019) and more than 10 years
of conflict management. In conclusion, the strengthening of environmental
institutions is needed for an adequate management and prevention of
socio-environmental conflicts, especially the practice of transectoriality
as a principle of the National Environmental Policy and an adequate National
System of Environmental Management.
Keywords:
environmental
institutionality, socio-environmental conflicts
Introducción
La
institucionalidad ambiental en el Perú, como proceso sistemático, permanente y
uniforme de consolidación de principios que se materializan a través de medios
e instrumentos aplicados por las respectivas instituciones con la finalidad de
contribuir al desarrollo sostenible, tiene un hito importante en la creación
del Ministerio del Ambiente en el año 2008. Sin embargo, en los últimos años,
el incremento de manifestaciones de violencia en torno al uso de recursos
naturales, contaminación ambiental, flexibilización ambiental, entre otras
situaciones, han originado diferentes conflictos socioambientales en el
territorio peruano, especialmente relacionados a actividades extractivas, evidenciando
la débil institucionalidad ambiental y gestión de conflictos. Por ende, la
presente investigación se localizó en el distrito de Morococha, provincia de
Yauli, región Junín, lugar donde se desarrolla el proyecto minero Toromocho de
la empresa Minera Chinalco Perú S. A. el cuál dio origen al proceso de
reasentamiento de la población y a un conflicto socio ambiental.
El
estudio realizado es de importancia para las ciencias sociales y ambientales,
pues la situación de conflictividad no permite el adecuado desarrollo sostenible
del país. En ese sentido, veremos que pese a la gestión del conflicto y al
proceso de diálogo en torno al proyecto minero Toromocho, el conflicto continúa
latente aunque hayan transcurrido más de 10 años de gestión, con esfuerzos
institucionales a nivel nacional, regional y local. Por ende, la investigación
buscó responder a la pregunta: ¿qué relación existe entre institucionalidad
ambiental y gestión de conflictos socioambientales en la región Junín: caso Morococha?
El objetivo fue determinar la relación entre institucionalidad ambiental y
gestión de conflictos socioambientales en la región Junín: caso Morocoha. La hipótesis
de la investigación indica que existe relación relevante entre
institucionalidad ambiental y gestión de conflictos socioambientales en la
región Junín; esta relación refleja que las debilidades en la institucionalidad
ambiental no están permitiendo una adecuada gestión del conflicto socioambiental.
Blanco
(2016), en su investigación sobre el proyecto Conga (Cajamarca), desde los
estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, analiza las
implicancias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), encontrando que este
“reveló la ausencia de un proceso de aprobación adecuado llevado en
coordinación con los distintos sectores involucrados” (p. 25). Por otro lado, la Red Muqui, en su Balance
sobre los procesos de diálogo en el Perú, analiza la conflictividad en torno al
Proyecto Minas Conga en Cajamarca, que devino en un conflicto de carácter ecoterritorial
de gran magnitud en el país, desarrollado en los años 2010-2015. En ese
sentido, la Red Muqui (2016), señala respecto a este conflicto: “Pasó a ser
parte del debate político nacional sobre el rol del Estado en los conflictos,
el rol de la minería en el desarrollo, el marco institucional ambiental en el
que se desarrollan las actividades mineras” (p. 41).
Según
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre el
conflicto en Moquegua, la conflictividad en razón del Proyecto Quellaveco
implicó interrogantes referentes a los procesos administrativos y
autorizaciones de explotación de recursos naturales que realiza el Estado, poniendo
en evidencia la urgencia de mejorar los referidos procesos (PNUD y Gobierno
Regional de Moquegua, 2014). Estas situaciones reflejaron la desarticulación
entre sectores del Estado y la débil institucionalidad. Asimismo, Urcuqui
(2011), en su investigación, recomendó el fortalecimiento institucional para una
adecuada planificación integral de instrumentos públicos y gestión de recursos.
En esa línea, el presente estudio analiza la institucionalidad ambiental con la
finalidad de aportar en la prevención y/o gestión adecuada de los conflictos socioambientales
en el país.
Materiales
y métodos
La
investigación fue de tipo aplicada, ya que con los resultados se contribuye a
generar mecanismos de fortalecimiento institucional para la gestión adecuada de
conflictos socioambientales. El nivel de investigación fue correlacional; el
diseño, no experimental transversal con enfoque metodológico mixto. La
recolección de datos comprendió a 20 instituciones y organizaciones de la sociedad
civil, las cuales fueron seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico con
base en criterios respecto a sus competencias en el tema y su participación en
la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento Poblacional de Morococha,
considerados en la R. M. N.° 131-2012-PCM. Asimismo, se emplearon
las técnicas del análisis documental y la observación participante.
Resultados
Tabla 1
Correlación entre institucionalidad ambiental y gestión
de conflictos socioambientales
|
|
Institucionalidad ambiental |
Gestión de conflictos socioambientales |
||
|
Rho de Spearman |
Institucionalidad
ambiental |
Coeficiente de correlación |
1,000 |
0.478 |
|
Sig. (bilateral) |
|
,033 |
||
|
N |
20 |
20 |
||
|
Gestión de conflictos socioambientales |
Coeficiente de correlación |
0.478 |
1,000 |
|
|
Sig. (bilateral) |
,033 |
. |
||
|
N |
20 |
20 |
||
La
tabla 1 muestra que la correlación entre las variables institucionalidad
ambiental y gestión de conflictos socioambientales es de 0.478, calificada como
una correlación positiva débil, es decir, existe relación entre ambas
variables.
Correlación entre principios de la gestión ambiental y
demandas del conflicto en la región Junín: caso Morococha
|
|
Principios de la gestión ambiental |
Demandas del conflicto |
||
|
Rho de Spearman |
Principios de la gestión ambiental |
Coeficiente de correlación |
1,000 |
0.509 |
|
Sig. (bilateral) |
. |
,022 |
||
|
N |
20 |
20 |
||
|
Demandas del conflicto |
Coeficiente de correlación |
0,509 |
1,000 |
|
|
Sig. (bilateral) |
,022 |
. |
||
|
N |
20 |
20 |
||
En la tabla 2 se observa que la correlación entre los principios
de la gestión ambiental y demandas del conflicto es de 0.509, calificada esta
como una correlación positiva media.
Tabla 3
Correlación entre el Sistema Nacional de Gestión
Ambiental y gestión del conflicto
|
|
Sistema Nacional de
Gestión Ambiental |
Gestión del conflicto |
||
|
Rho de Spearman |
Sistema Nacional de
Gestión Ambiental |
Coeficiente de correlación |
1,000 |
0,450 |
|
Sig. (bilateral) |
. |
,065 |
||
|
N |
20 |
20 |
||
|
Gestión del conflicto |
Coeficiente de correlación |
0,450 |
1,000 |
|
|
Sig. (bilateral) |
,065 |
. |
||
|
N |
20 |
20 |
||
De
acuerdo a la tabla 3, la correlación entre el Sistema Nacional de Gestión
Ambiental (SNGA) y gestión del conflicto es de 0.450; una correlación positiva
débil.
Correlación entre el Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental y participación
ciudadana
|
|
Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental |
Participación ciudadana |
||
|
Rho de Spearman |
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental |
Coeficiente de correlación |
1,000 |
0,460 |
|
Sig. (bilateral) |
. |
,726 |
||
|
N |
20 |
20 |
||
|
Participación ciudadana |
Coeficiente de correlación |
0,460 |
1,000 |
|
|
Sig. (bilateral) |
,726 |
. |
||
|
N |
20 |
20 |
||
En la tabla 4 se aprecia que la
correlación entre el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA)
y la participación ciudadana es de 0.460; una correlación positiva débil.
La
relación entre institucionalidad ambiental y gestión de conflictos socioambientales,
evidenciada en la tabla 1, refleja que la institucionalidad ambiental en el
Perú no permite una gestión adecuada del conflicto socioambiental. En ese
sentido, veremos que los diferentes conflictos que se presentaron, como son los
casos de Espinar (Torre, 2014), Cajamarca (Blanco, 2013), Moquegua (PNUD y
Gobierno Regional de Moquegua, 2014) y ahora Morococha, no están siendo
gestionados de manera integral. Al respecto, Coser (1970) resalta la necesidad
de establecer medidas institucionalizadas para abordar los conflictos; y Urcuqui
(2011) recomienda el fortalecimiento institucional para una adecuada
planificación de instrumentos públicos y gestión de recursos hacia el
desarrollo sostenible.
La
tabla 2 nos muestra la relación entre los principios de la gestión ambiental y
el abordaje de las demandas del conflicto en el distrito de Morococha. Para la
presente investigación, se tuvo en cuenta los principios de la Política
Nacional del Ambiente; entre ellos, la transectorialidad.
El carácter transectorial de la gestión
ambiental implica que la actuación de las autoridades públicas con competencias
ambientales debe ser coordinada y articulada a nivel nacional, sectorial,
regional y local, con el objetivo de asegurar el desarrollo de acciones
integradas, armónicas y sinérgicas, para optimizar sus resultados. (Ministerio
del Ambiente, 2010, p.9)
Sin
embargo, en el caso de Morococha, se ha observado que los diferentes sectores,
y de los tres niveles de gobierno, no tuvieron adecuados niveles de
planificación, coordinación y articulación, lo cual se refleja en los más de 10
años de gestión del conflicto a través de la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento
Poblacional de Morococha, que hasta la fecha tiene demandas pendientes como la firma
de un convenio marco que abarque los ejes social, institucional, económico y
ambiental, a fin de promover un desarrollo sostenible y la culminación del
reasentamiento poblacional.
La relación
entre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la gestión del conflicto socioambiental
en Morococha, que muestra la tabla 3, evidencia una correlación de 0.450, calificada
como positiva débil; es decir, la inadecuada aplicación del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental (Ley N.º 28245) como sistema funcional y la inapropiada
implementación de un sistema local de gestión ambiental no permiten gestionar
el conflicto como es debido. En ese sentido, Andía, W., y Andía, J. (2010)
manifiesta que el sistema local de gestión ambiental tiene como finalidad
desarrollar, implementar, revisar y corregir la política ambiental local y las
normas que regulan su organización y funciones, en el marco político-institucional
nacional y regional.
En el
distrito de Morococha, durante el recojo de información para el análisis
documental en el año 2016, se encontró que el gobierno local no contaba con una
Comisión Ambiental Municipal (CAM) organizada y reconocida; no se había orientado
la política ambiental y las normas a las necesidades de su jurisdicción, por lo
que adolecían de una política ambiental local, el diagnóstico ambiental local y
del plan de acción ambiental local; ello, sumado a la falta de actualización
del Plan de Desarrollo Concertado, debilitaban la aplicación del sistema
nacional y regional de gestión ambiental. En ese sentido, la gestión del
conflicto estaba limitado por la falta de instrumentos de gestión local, lo
cual también está vinculado a la débil participación ciudadana que muestra la
tabla 4, donde se observa la relación existente entre el Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y la participación ciudadana;
aspectos que deben ser fortalecidos.
Referencias
bibliográficas
Andía, W., y Andía, J. (2010). Manual de gestión
ambiental (2.a ed.). Lima: El Saber.
Balvin, L. (2017). Institucionalidad ambiental y
gestión de conflictos socio ambientales en la región Junín: caso Morococha (Tesis
de maestría). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú.
Blanco, C. (2013). El Proyecto Conga desde los
estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Tesis de maestría).
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
Coser, L. (1970). Nuevos aportes a la teoría del
conflicto social. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores.
Defensoría del Pueblo. (2019). Reporte de conflictos
sociales N.° 181. Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/documentos/reporte-mensual-de-conflictos-sociales-n-181/
Ministerio del Ambiente del Perú. (2010). Política
Nacional del Ambiente. Recuperado de http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/Pol%C3%ADtica-Nacional-del-Ambiente.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Gobierno
Regional de Moquegua. (2014). Experiencia de diálogo, transformación de
conflictos y construcción de consensos. Sistematización de la Mesa de Diálogo
de Moquegua. Recuperado de https://www.undp.org/content/dam/peru/docs/Gobernabilidad%20democr%c3%a1tica/pe.Sistematizacion%20Mesa%20de%20Dialogo%20de%20Moquegua.pdf
Red Muqui. (2016). Balance y propuestas para el
funcionamiento de las mesas de diálogo en el Perú. Lima: Tarea Asociación
Gráfica Educativa.
Torre, E. (2014). Causas de vulneración de derechos
fundamentales por parte de las fuerzas policiales en el conflicto social minero
Tintaya Antapacay en el 2012 (Tesis de maestría). Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima.
Urcuqui, A. (2011). Conservación y conflictos socioambientales
en la cuenca media alta del río Calli (Tesis de maestría). Pontifica
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
[1] Socióloga, magister en Gestión
Ambiental y Desarrollo Sostenible, Colegio de Sociólogos del Perú-Región
Centro. luisabl_e@hotmail.com https://orcid.org/0000-0003-2004-840X